El empresario, el nuevo presidente sin banda

Tres de cada cuatro latinoamericanos declaran tener poca o ninguna confianza en sus gobiernos, y cerca del 80 % percibe una corrupción extendida en las instituciones públicas. Estas cifras, alarmantes por sí solas, se han deteriorado drásticamente desde 2010.

La creciente desconfianza ha provocado una desconexión profunda entre la sociedad y el Estado, poniendo en riesgo la cohesión social. A escala global ocurre algo similar: mientras la fe en los gobiernos disminuye, la confianza en el sector privado mejora, pese a las campañas de desprestigio promovidas por algunos gobiernos. De hecho, según el Edelman Trust Barometer 2023, la empresa es hoy la institución con mayor credibilidad.

Las empresas familiares, pequeñas y grandes, son cada vez más confiables a nivel mundial (62 % de confianza), superando en 11 puntos a los gobiernos. Además, el sector empresarial es percibido como más ético y competente, aventajando a los gobiernos en 53 puntos en competencia técnica y 29 en ética.

Esta brecha ha generado una expectativa inédita: por un margen de seis a uno, los ciudadanos quieren que quienes tienen negocios y empresas, así mismo los líderes empresariales asuman un rol más activo en los grandes temas sociales, económicos y políticos como son los asuntos ambientales, la desigualdad, la educación para el empleo :

“Nos hallamos en un periodo de cambios sistémicos… Los CEO, y las compañías que lideran, deben desempeñar un papel central en abordar estos problemas y ayudar a restaurar el optimismo económico”. Richard Edelman.

En algunos países, la fragilidad institucional y la crisis de representación son evidentes. La incapacidad gubernamental para proveer servicios de calidad, la corrupción y el alejamiento de las élites políticas respecto a las realidades regionales y de las comunidades que representan han erosionado gravemente la legitimidad estatal.

El deterioro de los servicios de salud, la baja calidad de la educación pública —sin mencionar los problemas de seguridad, el costo de los servicios básicos y la falta de apoyo al sector agropecuario y empresarial— ha erosionado la disposición ciudadana a cumplir con sus deberes cívicos, como el pago de impuestos. Estamos frente al agotamiento del contrato social clásico, donde el Estado garantizaba bienestar a cambio de lealtad ciudadana.

La población —especialmente las clases que pagan impuestos, que emprenden, que cumplen con la ley, que pagan su salud con esfuerzo, que generan empleo— exige con razón más y mejores bienes públicos, transparencia y participación. Mientras tanto, las instituciones tradicionales parecen desbordadas, gastando sin límites ni controles. El populismo ha capitalizado esta frustración y la ha traducido en protestas, incluso cuando son ellos mismos quienes ostentan el poder y tienen la responsabilidad de solucionar las ineficiencias y desgreño que denuncian los medios.

Ante este panorama, surge la imperiosa necesidad de liderazgos alternativos: eficaces, éticos y comprometidos con la democracia.

Aquí es donde cobra fuerza el concepto de liderazgo empresarial transformador, como estabilizador sistémico y como el cambio positivo que anhelan los ciudadanos de ciudades y comunidades olvidadas. En entornos de fragilidad o ausencia estatal, los empresarios visionarios —que los hay en todas las regiones—, aquellos con una profunda conciencia social y vocación pública, deben fungir como agentes de cambio y como puentes entre la economía y la política.

Es hora de entender que el sector privado y el Estado no son esferas separadas ni mucho menos antagónicas, sino partes interdependientes de un mismo sistema social.

Los países exitosos, democráticos e incluyentes —así como los organismos internacionales— coinciden en que la solución a los desafíos actuales (crisis económicas, violencia, desigualdad) requiere de la participación coordinada de diversos actores, empezando por el sector privado y la sociedad civil.

El nombre del juego se llama “Recomponer el vínculo Estado-ciudadanos-empresas”. Los líderes empresariales pueden y deben aportar eficiencia, innovación y pragmatismo, pero también asumir responsabilidades públicas para reconstruir la confianza social. Los empresarios de vanguardia deben actuar como los estadistas del siglo XXI.

La evidencia empírica de empresarios que han liderado transformaciones políticas o sociales profundas es clara: desde el caso de Medellín, en Colombia, hasta Kigali, pasando por Tiflis, Singapur, Tel Aviv o Yakarta. Ese es el nuevo paradigma: “el empresario estadista o empresario cívico de tercera generación” —que redefine sin miedo, pero con convicción y junto al respaldo de las comunidades, El Nuevo Contrato Social—, reconociendo a la empresa como una institución ética y un actor de gobernanza, en alianza con la academia, los gobiernos locales, regionales y nacional, en el marco de una democracia.

Artículo publicado originalmente en La República

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