OBRAS POR IMPUESTOS: LAS OBRAS TERMINAN. EL DESARROLLO COMIENZA DESPUÉS

Por: Víctor Manuel De Luque Vidal

Hay una escena que se repite con una precisión casi ritual cada vez que una obra de infraestructura llega a su fin. Las autoridades recorren el proyecto, se descubren las placas conmemorativas, se cortan las cintas y los discursos celebran la culminación de meses, a veces años, de trabajo. Es un momento necesario porque representa el cierre de un esfuerzo colectivo y materializa una promesa que, durante mucho tiempo, existió únicamente sobre planos y documentos técnicos.

Esa misma escena se ha repetido en cientos de proyectos ejecutados mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, una herramienta que ha permitido llevar inversión a territorios históricamente afectados por el conflicto, la pobreza y la limitada presencia institucional. Sin embargo, cuando las fotografías terminan y la atención pública se desplaza hacia otro lugar, ocurre algo que rara vez ocupa titulares y que, probablemente, resulta mucho más importante que la propia inauguración.

La obra deja de pertenecer a quienes la diseñaron, la financiaron o la construyeron. Comienza a pertenecer al territorio.

Ese tránsito suele pasar inadvertido. Durante décadas hemos aprendido a evaluar el desarrollo desde aquello que puede medirse con facilidad: los kilómetros de vías construidas, los hogares conectados a un servicio, las escuelas entregadas, los recursos ejecutados o los cronogramas cumplidos. Todos esos indicadores son indispensables porque permiten valorar la capacidad de gestión y el alcance de una intervención. Sin ellos sería imposible comprender el esfuerzo que implica cerrar brechas históricas en un país tan diverso y desigual como Colombia.

Sin embargo, existe otra dimensión del desarrollo que difícilmente aparece en los informes de ejecución y que, con el paso del tiempo, termina siendo la que realmente explica el impacto de una inversión. Me refiero a la forma en que una obra logra integrarse a la vida cotidiana de las personas, incorporarse a las dinámicas del territorio y convertirse en el punto de partida de nuevas oportunidades. Esa transformación comienza cuando el territorio incorpora esa infraestructura a su vida cotidiana y la convierte en parte de su propio proceso de desarrollo.

Cuando esa apropiación sucede, una carretera deja de ser únicamente una vía y se convierte en la posibilidad de que un productor llegue a nuevos mercados; la energía amplía las condiciones para emprender, estudiar o fortalecer un servicio de salud; una escuela encuentra su mayor sentido cuando deja de ser un edificio y pasa a ser el lugar donde una generación comienza a imaginar un futuro diferente. Lo que transforma no es únicamente la obra, sino las posibilidades que empiezan a construirse alrededor de ella.

Esas transformaciones rara vez ocurren el mismo día en que se inaugura una obra. Son procesos que requieren tiempo, confianza, instituciones presentes y comunidades que encuentren sentido en aquello que reciben. Por esa razón, el desarrollo no puede entenderse únicamente como la construcción de infraestructura. También implica crear las condiciones para que esa infraestructura permanezca viva en el territorio y continúe generando valor muchos años después de que quienes la hicieron posible hayan concluido su trabajo.

Quizá por eso las conversaciones sobre desarrollo territorial están evolucionando. Hoy entendemos con mayor claridad que la calidad de una intervención no depende exclusivamente de la solidez de su ingeniería, de la rigurosidad de sus diseños o del cumplimiento de un cronograma. También depende de la forma en que esa iniciativa dialoga con la historia del lugar donde llega, reconoce las expectativas de las comunidades y fortalece las relaciones que permitirán sostenerla en el tiempo.

Las comunidades no reciben las obras como si fueran únicamente proyectos de infraestructura. Las incorporan a una historia mucho más amplia, construida a partir de experiencias previas, de relaciones con las instituciones y de expectativas sobre el futuro. Cada nueva intervención entra inevitablemente en conversación con esa memoria colectiva. Es allí donde comienza a definirse el impacto más profundo de cualquier inversión.

Vista desde esa perspectiva, la infraestructura deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en un medio que amplía las posibilidades de un territorio. Lo transformador no reside únicamente en el activo construido, sino en su capacidad para fortalecer el tejido social, dinamizar la economía local, mejorar el acceso a derechos y abrir caminos para que las propias comunidades continúen impulsando su desarrollo.

Esa es, precisamente, una de las mayores fortalezas del mecanismo de Obras por Impuestos. De acuerdo con la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entre 2018 y 2025 se aprobaron 514 proyectos, con inversiones cercanas a 4 billones de pesos, vinculando a 283 empresas y beneficiando a 288 municipios, principalmente en regiones PDET y ZOMAC. Más allá de la magnitud de estas cifras, demuestran que, cuando existen instrumentos capaces de articular los esfuerzos del Estado, las empresas y los territorios, la inversión privada puede convertirse en un verdadero catalizador del desarrollo sostenible.

Existe, además, un rasgo que le otorga un significado especial y que con frecuencia pasa inadvertido: su carácter voluntario. Ninguna empresa está obligada a participar. Cada proyecto nace de la decisión de asumir un papel activo en la transformación de los territorios, comprendiendo que el desarrollo no puede recaer exclusivamente sobre el Estado, sino que requiere la participación corresponsable del sector privado y de las comunidades. En esa decisión voluntaria se expresa una forma distinta de entender la empresa: no únicamente como un actor económico, sino como un aliado capaz de contribuir, desde sus capacidades, a la construcción de valor público.

Esa lógica de corresponsabilidad genera beneficios que trascienden la infraestructura construida. Para los territorios significa acelerar inversiones largamente esperadas y fortalecer las condiciones para su desarrollo. Para las empresas representa la oportunidad de comprender con mayor profundidad las realidades donde están presentes, construir relaciones de confianza de largo plazo y consolidar una legitimidad que no proviene del discurso, sino de su contribución efectiva al bienestar colectivo. En ese punto, la infraestructura deja de ser solamente una inversión física y empieza a convertirse también en una inversión social e institucional.

Por eso la relevancia del mecanismo no se explica únicamente por el volumen de recursos movilizados. Su mayor aporte aparece cuando esas inversiones fortalecen la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades; cuando la presencia institucional deja de percibirse como un hecho aislado y empieza a convertirse en una experiencia de confianza, corresponsabilidad y construcción compartida del desarrollo.

Quizá ese sea uno de los mayores desafíos que hoy enfrentan las organizaciones públicas y privadas comprometidas con la sostenibilidad. Continuaremos preguntándonos cuántos proyectos ejecutamos, cuánto invertimos o cuántas personas resultaron beneficiadas, porque esos indicadores seguirán siendo necesarios. Pero también deberíamos comenzar a preguntarnos cuánto aumentó la confianza entre las comunidades y las instituciones, qué capacidades quedaron instaladas en el territorio, qué nuevas oportunidades surgieron gracias a esas inversiones y qué tan preparado quedó ese lugar para continuar transformándose cuando el proyecto haya terminado.

En el fondo, esa es la diferencia entre construir una obra y contribuir al desarrollo.

Las organizaciones pueden construir infraestructura. Son los territorios los que convierten esa infraestructura en desarrollo duradero.

Quizá haya llegado el momento de ampliar la manera en que evaluamos el desarrollo territorial. Además de medir los recursos ejecutados, las obras entregadas o los tiempos de ejecución, necesitamos incorporar indicadores que permitan comprender el legado que esas inversiones dejan en los territorios: la confianza que fortalecen, las capacidades que permanecen, las alianzas que consolidan y las oportunidades que continúan generando años después de la inauguración. Solo entonces podremos afirmar que una obra no solo fue construida, sino que realmente contribuyó al desarrollo sostenible.

Las obras siempre tendrán una fecha de inicio y una fecha de entrega. El desarrollo, en cambio, se verifica con el tiempo. Porque el desarrollo comienza el día en que una comunidad deja de hablar de la obra y empieza a hablar de todo lo que ahora es posible gracias a ella.

Fuente: AIR-E